Entre sus colaboradores estaba Alejandro Enrique Arcos Romero, que también estuvo en la Agencia Nacional de Aduanas de México cuando era encabezada por Rafael Marín Mollinedo. Marcu fue asesinado dos meses después, el 11 de junio, también en Cancún. Ese homicidio forma parte de otro expediente de DIICOT que continúa bajo investigación, por lo que no está incluido entre los cargos por los que Tudor fue enviado a juicio. La acusación rumana también reconstruye episodios de intimidación utilizados presuntamente para mantener el control de sus negocios y de integrantes de la organización. En 2017, Tudor habría ordenado amenazar a una persona para obligarla a renunciar a derechos relacionados con dos inmuebles en Rumania.