La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y su homóloga de Dinamarca, Mette Frederiksen, ya coincidieron a primeros de año en oponerse al proceso de regularización de medio millón de inmigrantes ilegales en España. Las protestas hasta ahora han sido sonadas, como la Carta de los Veintidós contra el presidente español Pedro Sánchez, veintidós Estados miembros de la Unión Europea. Y, ahora, de nuevo, otra carta firmada por las dos únicas jefas de Gobierno de los 27 países de la Unión nos afea nuestra política migratoria. La frontera del sur seguirá siendo un “hotspot”, como obligaba el Convenio de Dublin II, campos de refugiados en los países del sur para tramitar la estancia o salida de todos los refugiados e inmigrantes que entraran de forma ilegal. Se aplicó a los refugiados sirios, a los que se les confiscaban sus joyas al llegar para sufragar su estancia en el país.