Lo mismo ocurre con todos los fenómenos –naturales y sociales– a los que hemos decidido dar seguimiento puntual. El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la incidencia en el delito de retención o sustracción de menores en nuestro país. Estamos hablando de casi 14 mil casos en el año, considerando la incidencia que se tiene contabilizada en los primeros seis meses de 2026. Se trata de una cifra brutal que retrata una realidad inadmisible y que, por lo mismo, demanda respuesta inmediata. Cabría esperar por ello que la estadística deje de servir sólo para alimentar encabezados alarmantes y pase a nutrir políticas públicas eficaces.