Cuando Estados Unidos está en medio de brotes de contaminación de ciclosporiasis y problemas de salmonela, que supuestamente han sido provocados por lechugas y chiles jalapeños —respectivamente— cultivados y empacados en México, debido principalmente al uso de agua de riego contaminada, falta de higiene durante la cosecha, manipulación y contacto con animales en los campos de cultivo —según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA)—, aparece el “fantasma” de la violencia e interrumpe la exportación de aguacate desde Michoacán. Y no es un problema menor. Los deliciosos aguacates michoacanos son el segundo producto agroalimentario más importante en las exportaciones —después de la cerveza y superando a las del tequila y frutos rojos (berries)—, con operaciones que superan los seis mil millones de dólares anuales; nueve de cada 10 aguacates que se consumen en el país del Norte se envían desde aquí. Afortunadamente, la cancelación de las exportaciones —debido a la inseguridad que padecen los inspectores de sanidad fitosanitaria estadounidenses, quienes tienen a su cargo la certificación para que todo el producto se vaya en las mejores condiciones—, fue anulada a partir de ayer sábado, una vez que desde la Presidencia de la República se reforzó la seguridad de la zona para proteger al personal encargado de certificar el producto y de que la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de México (Apeam) se comprometió a cumplir “con el mayor rigor cada uno de los requisitos, protocolos y estándares que rigen el programa” de exportaciones. La verdad, qué “inocencia” de la Presidenta, cuando estamos envueltos en el “remolino” de las acusaciones en contra de nuestras lechugas y jalapeños —estos productos no son verificados en México por personal estadounidense— que causan ciclosporiasis y salmonela, ofrece como solución que inspectores mexicanos certifiquen la exportación de los aguacates.