La violencia contra periodistas continúa siendo uno de los principales desafíos para la libertad de expresión en México. En todos los casos, corresponde a las autoridades determinar el móvil de los hechos mediante investigaciones exhaustivas e imparciales. Tenía medidas cautelares de la Comisión para la protección de periodistas. El Comité para la Protección de los Periodistas pidió que las autoridades investiguen si el crimen estuvo relacionado con su trabajo periodístico. Organizaciones como ARTICLE 19, el CPJ y la UNESCO han insistido en que la protección de periodistas es una responsabilidad del Estado y que el combate a la impunidad resulta indispensable para garantizar la libertad de expresión.