El problema es que el protocolo parece concentrarse en las consecuencias del delito y no en las estructuras de corrupción que lo hacen posible. Mientras esas respuestas no existan, cualquier protocolo corre el riesgo de convertirse en una medida reactiva y no en una verdadera política pública de combate al delito. El Estado tiene una obligación constitucional que no admite interpretaciones: proteger la vida, la libertad, el patrimonio y los derechos de las personas. La Cuarta Transformación ha sostenido, desde su origen, que llegó para erradicar la corrupción y colocar primero a los más vulnerables. Mientras las mafias del despojo sigan operando bajo el manto de la impunidad, el mensaje será devastador: en México no sólo está en riesgo la seguridad de las personas, también la seguridad de su patrimonio.