La factura de las bajas laborales asciende a 34.000 millones de euros al año, entre las prestaciones que abona la Seguridad Social (18.000 millones) y el coste que asumen las empresas (16.000). Pero, si tenemos en cuenta el impacto en términos de pérdida de productividad, este dato escala de forma exponencial. Es cierto que hay un envejecimiento de la población ocupada y que la situación de los servicios públicos de salud abona el terreno para que los procesos se alarguen. El 99% de las empresas en España son pymes y autónomos con empleados a cargo, para las que estas ausencias acarrean, además, un importante perjuicio organizativo. En todo caso, parece que el debate es ya insoslayable y cualquier solución deberá de involucrar al Gobierno, patronal y a los sindicatos, que deberían recuperar un diálogo social fructífero abandonado en los últimos tiempos.