Los abogados dirían que el bien jurídico mayor a tutelar es el derecho de acceso a la UNAM de manera legítima. La información pública que la UNAM transparentó permitió documentar comportamientos atípicos en los aciertos obtenidos por los aspirantes en 2026, cuando el examen fue por primera vez en línea. Aquí es preciso volver a la pregunta inicial para entender de qué forma estos resultados anómalos afectarían el derecho a la educación de miles de jóvenes que sí merecen un lugar en la UNAM. Por eso la decisión de aplicar el examen de control es la más razonable: evitará una injusticia masiva y frenará el fraude. Pero las decisiones adoptadas por la UNAM permiten salvaguardar el derecho de los jóvenes a acceder a ella de manera limpia y por méritos propios.