La razón es sencilla: la órbita de derechos de los particulares y la competencia de las autoridades colisionan en un sinnúmero de circunstancias, muchas veces imprevisibles o inimaginables. La realidad ha terminado por superar la capacidad política de nuestros representantes en el Legislativo para diseñar la arquitectura de nuestra norma suprema. La dificultad jurídica consiste en que la defensa de ese derecho involucra necesariamente a la Administración Pública Federal en un procedimiento que, mediante la intervención de los llamados “defensores de las audiencias”, llega a acceder a la posibilidad de influir en el contenido de los programas o en la de prohibirlo. No debe perderse de vista un aspecto adicional: la radio y la televisión abiertas subsisten gracias a los ingresos provenientes de la publicidad. En el fondo, el debate no consiste simplemente en ponderar el derecho de las audiencias frente a la libertad de expresión.