En términos simples, explicados por García Sotelo, esto significa acceder a una deuda contratada por el Gobierno federal, pero pagada por el gobierno del Estado, cuyos intereses cobrados por la banca nacional, reducen el monto original de las participaciones que deberían haberse entregado. La pregunta inmediata es sencilla: ¿Por qué no se le entrega al Gobierno de Jalisco las participaciones que estaban calculadas y aprobadas desde el año previo en el Presupuesto de Egresos de la Federación? Antes que suponer razones políticas, que sí las hay, están las razones económicas, y es que el Gobierno de la república no tiene más recursos. La falta de seguridad en el acceso al monto presupuestal que se convierte en ley cada año y que, en teoría, se discute y se aprueba en el Poder Legislativo federal y en los estados, genera perjuicios en otros rubros, como el de la inversión y el retraso en obras y proyectos. En el fondo de todo hay un choque de dos visiones: la del Gobierno del Estado y la del Gobierno federal, que pretenden imponer por vía del uso del presupuesto, su visión y su proyecto gubernamental.