El Río Tijuana atraviesa la ciudad que lleva su nombre en gran parte a cielo abierto. Cuando en 1993 Washington exigió condiciones ambientales y laborales para ratificar el TLC, el resultado fue el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte —el llamado acuerdo paralelo— y, en el terreno específico de la frontera, la creación de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) y el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN). La EPA, por su parte, reporta avances trimestrales sobre el llamado “100% Solution”: la ampliación de plantas tratadoras, la construcción de las Compuertas del Río Tijuana y proyectos de alejamiento de efluentes en las plantas Arturo Herrera y La Morita. La lección de fondo es que el comercio integrado sin gobernanza hídrica y ambiental robusta produce externalidades —y también tensiones diplomáticas— que cruzan fronteras con la misma fluidez que las mercancías. Treinta años de BDAN y COCEF demuestran que las instituciones paralelas ayudan pero no bastan si el tratado comercial que las originó sigue tratando el agua y el ambiente como apéndices y no como condición estructural del desarrollo compartido.