El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado la última versión del borrador de ley de universidades para cargar contra el Gobierno e impregnar el texto de llamadas a la defensa de la libertad, a la “neutralidad ideológica” en las universidades, “la no ideologización y la no politización de la ciencia” y la defensa del español. Aunque la expresión “legislador nacional” alude técnicamente al Congreso, que validó el Real Decreto Ley que reguló esa cotización, la iniciativa fue del Gobierno y la desarrolló el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones. Todo ello, dice el texto, frente a la “generosa colaboración a la que esas entidades se prestan desinteresadamente”. “Las universidades velarán por la defensa y uso del español de calidad, en la docencia y la investigación”, dice el punto 2. “En la práctica permite al legislador dictaminar qué se puede investigar”, sostiene Félix Martínez, presidente de la asociación Dignidad Investigadora Madrid, Dignimad.