Las interrupciones voluntarias del embarazo siguen siendo anecdóticas en la sanidad pública dos años después de la entrada en vigor de la nueva del aborto, que precisamente mandataba que se llevaran a cabo de manera prioritaria en el Sistema Nacional de Salud. La situación es especialmente desigual en cinco comunidades donde menos del 1% de las intervenciones recaen en la pública: Madrid (0,47%), Castilla-La Mancha (0,05%), Murcia (0,93%), Andalucía (0,03%) y Extremadura. Cantabria es la comunidad que mejor cumple la prioridad de la sanidad pública en estos procesos con un 88,49% de los abortos asumidos por los hospitales del Sistema Nacional de Salud. La intención de la reforma era inaugurar un cambio de paradigma en España en lo referente a la prestación. La iniciativa se ha aprobado en la misma semana que se cumplen 40 años de la primera ley que permitió a las mujeres españolas interrumpir su embarazo en algunos supuestos.