La obtención de un escaño en la Asamblea de Madrid, de la que es vicepresidenta, motivó la inhibición de la magistrada de Navalcarnero en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante el Millán que pasó a estar aforada. Las dos principales diligencias son la declaración del marido de Millán y de la concejala que la sustituyó en el cargo y que dejó de contratar con las empresas de Francisco Roselló, también investigado en la causa. Millán y Roselló defendieron en el juzgado que el alquiler era caro porque incluía un derecho a compra que nunca se llegó a ejercer. En el mismo, Roselló obtuvo más de 600.000 euros de contratos públicos procedentes de la Concejalía que dirigía la imputada. La defensa pide que se anulen las declaraciones en sede policial que tomó la UCO “cuya autorización judicial no consta en ninguna parte”.