El rechazo de los afectados se centra en las expropiaciones y en el desequilibrio económico que, aseguran, supone la operación. A su juicio, el problema no está en la falta de suelo, sino en la política fiscal: “Las empresas no se están moviendo por el suelo industrial, sino por los impuestos”. “En el momento que se apruebe el PSIR, mi casa ha perdido todo el valor”, lamenta el portavoz, convencido de que la batalla acabará en tribunales superiores e incluso en instancias europeas. Ni las licencias de obra ni la plusvalía de las compraventas pasarían por las arcas municipales. En un desarrollo urbanístico ordinario, la venta de un terreno genera impuestos que repercuten en el Consistorio y las nuevas construcciones abonan tasas.