volvió a exhibir esta semana la profundidad de la crisis de violencia que arrastra desde finales de 2024. En hechos distintos, pero conectados por el mismo hilo de impunidad, dos diputados locales fueron atacados a balazos en Culiacán y 10 ingenieros de una empresa minera fueron privados de la libertad en el Sur del Estado. Un comando armado irrumpió en el lugar donde se hospedaban los trabajadores y se los llevó sin que hasta ahora se conozca su paradero. Pese al despliegue de más de dos mil 500 elementos federales en los últimos meses, la violencia no ha cedido. Por eso se han incrementado las manifestaciones que exigen la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya, al acusarlo de incapacidad para contener la violencia que azota a Sinaloa.