Los resultados de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre las causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, que se presentaron el martes pasado, un día antes de que se cumpliera un mes de la tragedia que provocó 14 muertos y más de cien heridos, el 28 de diciembre pasado en Oaxaca, dejaron más dudas que certezas. Y es que muchas voces de expertos en temas ferroviarios consideraron que ese accidente no pudo deberse solamente al exceso de velocidad con la que transitaba el tren en su trayecto de Salina Cruz a Coatzacoalcos, como lo explicó ayer la titular de la FGR, Ernestina Godoy, y por lo que ya está detenido el maquinista Felipe de Jesús Díaz Gómez. Se critica además por qué no se activó algún sistema de frenado automático para prevenir la tragedia, así como las deficiencias en la obra y en los trenes usados que se utilizaban. La entonces procuradora de la CDMX, hoy fiscal de México, fue quien también dio los resultados de la investigación de aquel incidente, que atribuyó a unos pernos mal colocados, sin sancionar a ningún funcionario de primer nivel. Cuatro años y ocho meses después, el informe de Godoy sobre el accidente en el Tren Interoceánico recuerda mucho al de la L-12, tal vez por tratarse de una obra insignia del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que encargó al actual secretario de la Marina y que supervisó de “forma honorífica” su hijo Gonzalo, y por los señalamientos de que Pedro Salazar, amigo de sus hijos, vendió la grava y el balastro de mala calidad para esa obra, y hay una grabación en la que se jacta de decir: “Ya cuando se descarrile el tren, pues ahí ya va a ser otro pedo”.