La maniobra fallida del Gobierno de PSOE y Sumar para lograr de una tacada la ratificación de la mayoría de las medidas económicas aprobadas a finales del año pasado, adosándolas al decreto de revalorización de las pensiones, va a provocar importantes distorsiones en la vida cotidiana de millones de españoles. No sólo los jubilados, los propietarios de vivienda, sus inquilinos, los desempleados o los afectados por catástrofes naturales quedan en un limbo tras el rechazo por el Congreso de los Diputados del decreto ómnibus. Los 22 millones de asalariados y sus empleadores han quedado atrapados en el laberinto de la pérdida temporal de vigencia del aumento del recargo en sus nóminas para financiar la hucha de las pensiones, del incremento de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social y de la denominada cuota de solidaridad sobre los salarios más altos que también financia el sobrecoste de las prestaciones de jubilación. Un rompecabezas regulatorio que, según alertan los laboralistas, puede generar un caos en los departamentos de Recursos Humanos de las compañías, especialmente las de menor tamaño, además de aumentar innecesariamente sus cargas administrativas. Prueba de ello es que Sánchez grabó un vídeo acusando al PP de "tomar como rehenes a los jubilados" antes de que el Congreso rechazara su decreto ómnibus.