La cantidad equivale a una séptima parte de los 350 millones que ha fijado de indemnización la sentencia del TSJ. En caso de estimarse por parte del Ministerio la solicitud del Ayuntamiento de Benidorm, el pleno deberá aprobar el calendario de amortización de esos 55 millones de euros. El origen de este conflicto se remonta a un convenio urbanístico de 2003 que el Ayuntamiento no cumplió en los cinco años estipulados y prorrogó en 2010 y 2013. Ante el incumplimiento, en 2015 pidieron una compensación económica o en especie de 283 millones de euros y en 2018 acudieron a la justicia. El TSJCV sentenció en 2024 que los compromisos eran válidos en contra de lo sostenido por el Ayuntamiento y un tribunal de primera instancia, y fijó la compensación en 283 millones más intereses.