Vemos con preocupación e indignación que los grupos de poder atentan contra nuestro derecho a la vida y nuestra propia existencia, destruyendo los territorios ancestrales al impulsar leyes y medidas antiderechos. Exigimos al Poder Ejecutivo la derogatoria de la Ley APCI (Ley N.º 32301) y su Reglamento ―Decreto Supremo 032-205-RE― publicado el último 14 de septiembre. Estas normas facilitarán la expansión del infierno minero en todas las regiones amazónicas y las comunidades que la habitan, destruyendo bosques y poniendo en grave riesgo la biodiversidad y las fuentes de vida. Asimismo, rechazamos enérgicamente la pretensión de retirar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por constituir un grave atentado contra la democracia y una amenaza directa a la protección de los derechos fundamentales de todos los peruanos y peruanas. Además, contraviene el Convenio 169 de la OIT y los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas, que reconocen la autonomía, la propiedad ancestral y la obligación de los Estados de garantizar la protección efectiva de los derechos de propiedad y posesión sobre nuestros territorios, y el acceso a la justicia.