No se trataba solo de destapar un fraude de grandes proporciones, un gran caso de corrupción entre particulares, sino de impedir que las redes del narcotráfico lograsen asentarse en el Puerto de Algeciras, el primero de España y de todo el Mediterráneo en tráfico de mercancías, con 4,8 millones de contenedores despachados en 2018. Tras varios meses recabando información, el 15 de mayo de 2018, la comisaría de la Policía Nacional en Algeciras remitió al Juzgado de Guardia de la ciudad una diligencia inicial con una somera exposición de los hechos, a fin de solicitar “la apertura de una investigación” bajo secreto de sumario.