En la misma línea, Jucil rechaza «categóricamente» las afirmaciones del escrito y justifica que no se ajustan «a la realidad del desempeño profesional del colectivo». El grupo de representación exige a las instituciones españolas un «posicionamiento claro» que respalde la labor realizada por los agentes en Ceuta y que ponga en valor el estricto cumplimiento de la legalidad vigente. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) se mueve por las mismo derroteros para abordar el informe. Fuentes de Interior evitan hacer cualquier valoración sobre el informe, pero trasladan a ABC que las Fuerzas de Seguridad, «siempre y en toda ocasión», actúan en parámetros de legalidad y proporcionalidad. Defensa, por su parte, ha declinado responder y, por ende, abordar el documento marroquí.