Con pocas semanas de diferencia, Venezuela y Colombia enfrentaron desastres de potencia equivalente: los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon la costa venezolana el 24 de junio y el sismo de 7,4 en el Chocó colombiano el 10 de agosto. Por un lado, Colombia afrontó la emergencia sin sanciones económicas y con sus capacidades operativas e institucionales intactas. Por el otro, la tragedia en suelo venezolano evidenció las costuras de una larga emergencia humanitaria compleja y el progresivo abandono de las obligaciones constitucionales del Estado para garantizar la protección ciudadana. En Colombia, los organismos técnicos actuaron en cuestión de minutos. Poco después, el director general del SGC, Julio Fierro Morales, asumió la vocería pública y confirmó mediante canales oficiales que se trataba del sismo de mayor magnitud registrado en Colombia en la última década.