La evacuación de cientos de personas obligadas a abandonar sus hogares por el avance del fuego ha generado críticas por la distribución de los alojamientos habilitados. Estos movimientos han provocado malestar entre algunos responsables municipales que consideran que la cercanía y la rapidez de respuesta deberían haber sido factores prioritarios en una emergencia de estas características. Algunos ayuntamientos han reclamado que las diferencias ideológicas entre administraciones no deberían influir en la distribución de recursos durante una emergencia. El argumento principal es que la prioridad debe centrarse en la proximidad, la eficiencia y la atención más rápida posible a quienes han perdido temporalmente sus viviendas. La controversia llega en un momento en el que el Gobierno regional ya estaba sometido a escrutinio por su actuación frente al incendio, uno de los más graves registrados en la región en los últimos años.