El tercer caso corresponde a Adrián Felipe, privado de libertad en el Centro Penitenciario Fénix Lara, quien falleció en el Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda tras presentar deshidratación severa, hipotensión arterial y síndrome diarreico agudo. Su actuación no puede comenzar y terminar con la recepción de una denuncia o la apertura formal de un expediente. Por esta razón, desde el OVP insistimos en que el problema ya no puede reducirse a contar fallecidos. Prevenir estas muertes exige que la Defensoría supervise y actúe, que los fiscales con competencia en derechos humanos investiguen y determinen responsabilidades, y que los jueces de ejecución ejerzan efectivamente el control del régimen penitenciario. Estas tres nuevas muertes exigen tres investigaciones, pero también obligan a revisar una estructura institucional que parece reaccionar cuando ya es demasiado tarde.