Durante el primer semestre de 2026, casi nueve de cada diez servidores públicos sancionados por el Órgano Interno de Control (OIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) estuvieron involucrados en incumplimientos relacionados con la presentación de declaraciones patrimoniales. De esta manera, los incumplimientos patrimoniales representaron 87.6% del total de personas sancionadas, mientras que los asuntos sustantivos, derivados de denuncias, investigaciones u observaciones de auditoría, significaron 12.4%. Los resultados del informe corresponden al primer semestre completo de Ernestina Godoy Ramos al frente de la Fiscalía General de la República, luego de que el Senado la designó titular de la institución en diciembre de 2025. Gabriel Espinoza, politólogo de la UNAM y experto en acceso a la información, explicó que el incumplimiento de la obligación de presentar la declaración patrimonial está considerado como una falta no grave, aunque puede generar consecuencias relevantes para el servidor público. El especialista señaló que existen tres modalidades de declaración patrimonial: la inicial, que se presenta al ingresar al servicio público; la de modificación, que permite actualizar la situación patrimonial, y la de conclusión, que debe realizarse una vez terminado el encargo.