Los defensores ambientales son la primera línea de protección de los ecosistemas que el mundo necesita para sobrevivir. El Estado peruano les debe, por lo menos, protegerlas mientras lo hacen. El Estado, hasta el momento, ha respondido con silencio. Y la que proviene de la propia inacción del Estado, que no garantiza ni su seguridad física ni el reconocimiento legal de sus territorios. La Constitución peruana reconoce el derecho a la identidad étnica y cultural, la consulta previa y la propiedad de los territorios comunales.