El presidente de la comunidad, Santiago Guardamino Gonzáles, descubrió el fraude en 2017 e inició acciones civiles y penales para recuperar el predio arrebatado a la comunidad y sancionar a los responsables. La asamblea no solo se opuso a que Argüelles expusiera su propuesta, sino que también le pidió que se fuera de la comunidad. Los comuneros no olvidan que el expresidente de la comunidad, Abel Mosquera Ortíz, y la exgerente de Industrias Argüelles, Karen Pasco Flores, ya recibieron condenas por su actuación en el despojo del terreno. La jueza Becerra debía resolver la demanda de la comunidad de Quipán para que se revierta la propiedad del terreno. Argüelles aceptó los cargos y fue sentenciado a cuatro años y dos meses de prisión suspendida, y una reparación civil de S/20.000.