Las órdenes ejecutivas anunciadas por Trump buscan modificar la manera en que el gobierno federal interpreta la ciudadanía otorgada a quienes nacen dentro del territorio estadounidense. La administración argumenta que existen personas y empresas que han creado negocios alrededor de viajes organizados para mujeres embarazadas que buscan dar a luz en Estados Unidos. Sin embargo, la medida enfrenta importantes cuestionamientos legales, ya que la ciudadanía por nacimiento está protegida por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual establece que toda persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana, salvo excepciones específicas reconocidas por la ley. La Casa Blanca sostiene que estas acciones buscan proteger el significado de la ciudadanía estadounidense y combatir prácticas que considera fraudulentas. Mientras la administración Trump busca avanzar con estas restricciones, grupos legales ya preparan posibles desafíos en los tribunales para determinar si las nuevas medidas pueden mantenerse bajo la Constitución.