Las conferencias en Palacio Nacional, que debían ser instrumento de comunicación gubernamental, se convirtieron en una plaza pública virtual desde la que el presidente insultaba con fiereza inaudita a periodistas, caracterizando cualquier crítica como una traición o injerencia inaceptable. ”, que institucionalizó la inquietante idea de que el Ejecutivo determina quién miente y quién dice la verdad. Los Lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias no representan una ruptura con esa lógica: son su continuación institucional. La contradicción se vuelve todavía más evidente cuando se observa la asimetría en la discusión. Hay algo inevitablemente paternalista en la idea de que las audiencias necesitan un tutor estatal para orientarse en el debate público.