El conflicto comenzó en marzo de 2025, cuando la administración Trump intentó cancelar el financiamiento para la representación legal de menores inmigrantes no acompañados. Un tribunal bloqueó esa medida el 1 de abril de ese año y posteriormente emitió una orden preliminar el 29 de abril para mantener la protección mientras avanzaba el litigio. “Todavía no sabemos cuántos niños pagaron el precio por la ilegalidad de esta administración. Cuando los fondos se utilizan como herramienta de presión, los niños inmigrantes son quienes quedan solos ante decisiones que pueden cambiar sus vidas”. La resolución ocurre mientras la administración Trump impulsa medidas para acelerar deportaciones de menores inmigrantes y modifica el esquema tradicional de representación legal.