(EUROPA PRESS) –El expresidente de Perú Ollanta Humala, a quien recientemente se anuló su condena por la financiación ilícita de sus campañas, ha criticado la disparidad con la que la Justicia actuó con respecto a su caso y al de la presidenta Keiko Fujimori, a quien ha acusado de haber recibido «aportes ilegales» para su partido. Los años en los que se realizaron las campañas presidenciales de Humala la legislación peruana no contemplaban la financiación irregular de las mismas ni la receptación patrimonial –cuando alguien recibe a sabiendas un dinero ilícito con ánimo de lucro– como modalidades explícitas de lavado de dinero. Después de ingresar en octubre de 2018 en prisión preventiva, salió libre por un fallo del Constitucional en noviembre del año siguiente. Ya en 2020 volvió a entrar durante tres meses, aunque recuperó la libertad bajo fianza en el contexto de la pandemia del coronavirus. Finalmente, el caso ha sido archivado, siguiendo algunos de los argumentos que han anulado también la condena de Humala.