La medida, contenida en el Acuerdo 10418 del Consejo de Ministros, rompe con un esquema que se concentraba fundamentalmente en los comedores de las empresas estatales de Comercio. Estas sustituyen disposiciones de apenas un año de vigencia (el Acuerdo 10196 y la Resolución 37, ambas de 2025) y entrarán en vigor en una semana. La actualización llega en momentos en que la crisis alimentaria inunda la isla. La apertura es significativa porque reconoce formalmente que la red estatal de comedores resulta insuficiente para cubrir la demanda. Que esta apertura se traduzca en mejoras tangibles para las personas mayores, las personas con discapacidad y las familias vulnerables que dependen de estos comedores dependerá, como siempre, de que el marco legal encuentre respaldo en recursos reales y voluntad de ejecución territorial.