Entre los efectos del asalto masivo a Ceuta se encuentra el de dar respuesta legal y humanitaria a los cientos de menores no acompañados (menas) que permanecen en la ciudad y se suman a los que ya saturaban el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Al margen de lo que se decida sobre su traslado a la Península, es el momento de reflexionar sobre la forma en que España encara este espinoso asunto. Los menores marroquíes son nacionales de Marruecos y corresponde a su Gobierno asumir la responsabilidad política y legal de procurar la devolución a su familia. No es España la que debe asumir la patria potestad de las familias, ni la responsabilidad de Marruecos con sus ciudadanos. No parece que sean estos los datos de un país que no pueda hacerse cargo de sus menores.