Veinticuatro estados del país, incluyendo Nueva York, demandaron a la Administración del presidente Donald Trump por su última ronda de aranceles, que afecta a las importaciones de 60 países y economías. La querella, en la que participan los fiscales generales de Nueva York, Arizona, California, Colorado, Nueva Jersey y Minesota, entre otros, y los gobernadores de Kentucky y Pensilvania, argumenta que estos gravámenes son ilegales y que aumentarán los precios para consumidores y empresas en todo Estados Unidos. La Administración alegó entonces que tenía como objetivo indagar en prácticas de trabajo forzoso en el comercio mundial. Los estados que interpusieron la demanda aseguran que los aranceles no cumplen con los requisitos de la sección 301 y que el Gobierno utiliza el trabajo forzoso “como excusa para mantener su política de imponer indiscriminadamente aranceles perjudiciales a un amplio abanico de países”. (USTR)”, escriben en el documento judicial.