La controversia, impulsada originalmente por la oposición política, se centraba en la gestión de una supuesta deuda de 71 millones de euros. Ausencia de perjuicio patrimonial y argumentos de la FiscalíaUno de los pilares que ha sostenido el archivo de la causa ha sido el informe previo de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. La acusación se basaba en la premisa de que la atención de pacientes en la red pública, cuando estos procedían originalmente de centros concertados, no estaba siendo reclamada correctamente, lo que supondría un perjuicio patrimonial. El uso de alegaciones genéricas sobre la supervisión y el control, sin aportar pruebas de menoscabo económico efectivo. El Gobierno regional sostiene que el sistema de facturación es una herramienta transparente que garantiza que el presupuesto siga al paciente.