Cada nuevo episodio de presión migratoria sobre Ceuta vuelve a poner de manifiesto una realidad que ni el voluntarismo político ni la demagogia consiguen ocultar. La inmigración irregular masiva no puede analizarse únicamente desde la emoción, pero tampoco exclusivamente desde la seguridad. La protección de las fronteras constituye una obligación jurídica inexcusable. Defender esta idea no supone cuestionar la dignidad de quienes intentan acceder a España, sino recordar que la legalidad es la primera garantía tanto para los ciudadanos como para los propios inmigrantes. Ceuta no necesita gestos simbólicos, sino una auténtica política de Estado y una implicación mucho más decidida de la Unión Europea.