Los altos funcionarios del Estado han decidido actuar contra el malabarismo normativo que ha usado el Gobierno para poder nombrar al nuevo director general del Tesoro, Pablo Sánchez-Blanco, modificando una ley para incluir una excepción que le permitiese realizar ese nombramiento. Lo que cuestionamos es que se cambien las reglas para hacer posible un nombramiento concreto», indica la organización. Sánchez Acera fue una estrecha colaboradora de Moncloa y del ministro de Transformación Digital, Óscar Puente, ejerce como número dos del PSM. Un caso que finalmente ha acabado con la condena al ya ex fiscal General del Estado por la filtración de esos datos confidenciales. Para poder cuadrar el círculo, el Gobierno ha modificado el real decreto 1009/2023 para incluir, en una disposición adicional, una nueva excepción entre los cargos que, aun no siendo funcionarios, pueden ejercer de director general, apuntando al Tesoro «en atención a las características específicas de las direcciones generales».