Los antecedentes son los siguientes: la paciente, de 43 años en 2018, tiene discopatía L5-S1 y es sometida a una artrodesis en 2019 tras fracasar el tratamiento conservador. Los magistrados recuerdan que el Tribunal Supremo determinó que la responsabilidad objetiva de la Administración Pública no surge por el simple hecho de que exista un daño real, cuantificable e individualizado. Aunque mencionó que los tornillos podrían haber quedado un poco más centrados, aclaró que no estaban mal colocados. La Sala concluye que, en relación con el consentimiento informado, ha quedado demostrado el riesgo mencionado, la mala colocación de los tornillos. Sin embargo, en el documento firmado por la demandante ya constaban expresamente estos peligros: la lesión medular o de raíces nerviosas y la rotura del material implantado, por lo tanto, no se puede aceptar su reclamación por falta de información.