El anteproyecto de ley aprobado el martes por el Consejo de Ministros pretende poner fin a esa laguna. Pero un asunto de tal gravedad requiere un rigor y una claridad de los que no puede presumir el texto aprobado. Una norma que regula una colisión frontal de derechos fundamentales requiere un debate sosegado y un abordaje jurídico solvente que garanticen la proporcionalidad de cualquier restricción; además de una técnica legislativa que sortee efectos indeseables, como la censura previa. El Gobierno tiene todavía la oportunidad de sacar adelante una norma depurada, garantista y sin ambigüedades en el tratamiento de derechos fundamentales. Y desde un compromiso con las víctimas que se traduzca en una dotación de recursos que impida que la ley nazca convertida en papel mojado.