Los contratistas acusan que el fin de sus contratos fue ilegal y advierten que la decisión debilita la red de tratamiento. Asimismo, advirtieron de un perjuicio directo al sistema de tratamiento y a los más de 26.000 pacientes que se atienden anualmente en el Servicio para rehabilitarse en el consumo de alcohol y/o drogas. Consultados por Radio Bío Bío, desde SENDA rechazaron emitir comentarios por el momento, al encontrarse un proceso judicial en curso. En el mismo documento, el Área de Tratamiento afirmaba que los contratistas se encontraban cumpliendo adecuadamente sus funciones y que las actividades e informes habían sido entregados conforme al contrato. En los escritos los demandantes sostuvieron que el Servicio habría puesto término anticipado a sus contratos de forma ilegal y arbitraria, tanto en su forma como en sus fundamentos.