Esta medida busca que las personas afectadas puedan «centrarse en afrontar las consecuencias de la emergencia sin que ello repercuta en sus procedimientos judiciales». Además, se faculta a los jueces para acordar las actuaciones necesarias que eviten «perjuicios irreparables» para los derechos de los implicados. Asimismo, se suspenden temporalmente los plazos para reclamar derechos o iniciar acciones legales, con el fin de evitar que la emergencia perjudique el ejercicio de estas facultades. La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y producirá efectos respecto a los incendios forestales ocurridos a partir del 23 de julio . Los profesionales con domicilio en las zonas afectadas podrán, además, solicitar excepcionalmente la suspensión de plazos o vistas cuando resulte procedente.