Ambos casos son muestra de la violencia estructural, la falta de acceso a la justicia y la impunidad que durante años ha sido denunciada por las propias organizaciones indígenas, especialmente por las mujeres awajún y wampís. Resulta reprochable que la respuesta estatal siga siendo tardía, insuficiente y desarticulada por la escasez de fiscales especializados, la insuficiencia de servicios de salud, la ausencia de atención psicológica permanente y la falta de mecanismos efectivos de protección que perpetúan esta crisis y vulneran gravemente los derechos de niñas, niños y adolescentes. Cada caso que permanece impune es un mensaje de permisividad para los agresores y profundiza la desconfianza en las instituciones que deben proteger a las víctimas. HACEMOS UN LLAMADO a la acción y reacción oportuna de las organizaciones indígenas y comunidades nativas para tomar las medidas efectivas para reducir la violencia contra la mujer, niñas, niños y adolescentes, y desterrar la normalización en todos los niveles de tan atroces actos contra la vida y salud. ¡La violencia sexual contra la niñez indígena no puede seguir siendo una tragedia normalizada!