Conviene recordar que la interceptación se produjo a 70 millas de la costa gazatí, en aguas internacionales, donde la jurisdicción israelí es cuestionable. La respuesta no es sencilla, pero sí está claro que las instituciones comunitarias y los Estados miembros deben coordinarse si de verdad quieren garantizar que la acción humanitaria no sea criminalizada. De lo contrario, el coste lo pagan tanto los activistas como los millones de personas en Gaza que esperan una ayuda bloqueada de forma sistemática. Cuando un convoy civil es tratado como amenaza, lo que se está transmitiendo es que cualquier intento de paliar la crisis humanitaria puede ser interpretado como un acto político hostil. La Fiscalía española, al intervenir, envía un mensaje más amplio: el de que no todo vale en nombre de la seguridad, y que los principios de legalidad internacional deben estar por encima de la lógica de la fuerza.