La medida fue respaldada por el PP en el consistorio, aunque su alcalde, José Luis Martínez-Almeida, se ha visto obligado a matizarla tras la presión de profesionales sanitarios y la propia opinión pública. El problema es evidente: introducir conceptos desacreditados por la ciencia en políticas públicas de salud no solo confunde, sino que erosiona derechos consolidados y abre la puerta a la desinformación. En distintas comunidades gobernadas por el PP con apoyo de Vox, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo se ha visto obstaculizado. Derivar a mujeres a clínicas privadas o ampararse en la objeción de conciencia de profesionales sin garantizar alternativas en la sanidad pública son prácticas que, en la práctica, limitan un derecho reconocido por ley y avalado por el Tribunal Constitucional. La estrategia del Gobierno entre derechos y economíaEn paralelo a esta polémica, Sánchez insiste en que presentará los Presupuestos Generales del Estado.