Hasta ahora, la ley permitía oír a los niños mayores de 12 años de manera obligatoria, mientras que los menores podían ser escuchados, pero no era imperativo. Para ello, se propone que la prueba preconstituida —la videograbación de la declaración— sea obligatoria hasta los 18 años. Esta medida no solo respeta la integridad emocional de los menores, sino que mejora la fiabilidad del testimonio, evitando presiones externas o manipulaciones. Esta medida garantiza que la protección de los menores prevalezca sobre criterios de formalidad legal que podrían ponerlos en peligro. Reconocer y sancionar estas situaciones es crucial para evitar la negligencia y asegurar que los menores puedan ejercer plenamente sus derechos.