La doctrina ha sido crítica con esta figura desde su introducción en el Código Penal en 1995. Eso se traduce en una altísima probabilidad de inadmisión o absolución cuando el conflicto podría resolverse por cauces mercantiles. Además, para que prospere siquiera el examen penal, los tribunales exigen, como hemos dicho, que el socio haya solicitado previamente el ejercicio del derecho de forma incuestionable. El precio es alto: enfrentarse a un procedimiento penal, aunque acabe en absolución, puede tener un impacto devastador en la reputación del administrador y en la estabilidad de la empresa. Lo cierto es que la interpretación restrictiva de la jurisprudencia ha evitado, de momento, una expansión descontrolada del ius puniendi.