Por tercer año consecutivo, España se enfrenta a un retraso en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. Los Presupuestos condicionan el gasto público, la inversión en servicios esenciales y el funcionamiento de Comunidades Autónomas y ayuntamientos. Negociar con todos los grupos, buscar acuerdos mínimos en partidas esenciales y garantizar la transparencia en la tramitación de los Presupuestos puede evitar conflictos judiciales y asegurar estabilidad económica y social. España no puede permitirse una legislatura marcada por la paralización y el desgaste institucional. La alternativa es evidente: si seguimos prolongando conflictos, los que pagan las consecuencias son la ciudadanía y la eficacia del Estado.