La IGAE señala que la mesa de contratación no contaba con competencia para evaluar criterios técnicos no cuantificables mediante fórmulas, y que la documentación revisada carece de trazabilidad, con metadatos borrados y ausencia de firmas, lo que dificulta verificar la autenticidad y responsabilidad sobre la valoración. La percepción de favoritismo, aunque no se confirme irregularidad penal, puede erosionar la confianza de la ciudadanía en la administración pública. Fortalecer la gestión y prevenir conflictosMás allá del caso individual, este episodio evidencia la necesidad de revisar y modernizar los procedimientos de contratación pública. La defensa de Barrabés y la postura del Gobierno recuerdan que la legalidad formal puede coexistir con deficiencias en transparencia y percepción ciudadana. La verdadera lección de este caso es que la confianza en la administración no se basa únicamente en cumplir la ley, sino en demostrar que los procesos son claros, imparciales y revisables.