Gómez tenía la custodia total tras un largo proceso legal, lo que lo convertía en el único responsable del bienestar físico y emocional del joven. Su familia señala que la detención lo separó de manera abrupta de su papel de cuidador principal. No obstante, la familia insiste en que esos cargos nunca definieron su vida ni su carácter. En su defensa, subrayan que Gómez ha mantenido estabilidad laboral, ha demostrado ser un padre dedicado y no representa riesgo alguno. Activistas señalan que el caso refleja la severidad con la que se aplican las leyes migratorias incluso en situaciones humanitarias.